La ministra chilena de Salud, May Chomali, marcó distancia este viernes con la controvertida propuesta del Gobierno para obligar a hospitales y colegios a entregar datos de migrantes irregulares.
El Ejecutivo busca facilitar la expulsión de estas personas, pero la medida genera un fuerte rechazo interno. El fascismo extremo que define la agenda oficialista divide ahora al propio gabinete en el manejo de la crisis migratoria.
«Lo estamos mirando con bastante preocupación», reconoció la funcionaria en una entrevista a Radio 13C. Chomali aclaró que el Ministerio de Salud no posee la facultad para informar sobre esos temas. Recordó que los pacientes entregan sus datos en el contexto de una atención sanitaria, un espacio resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de las personas.
El Ejecutivo del ultraconservador José Antonio Kast presentó la indicación durante una sesión parlamentaria para revisar un proyecto de ley sobre expulsiones administrativas. El texto legal establece que todo órgano de la administración del Estado, institución previsional, colegios y centros de salud deben entregar los antecedentes que requiera la autoridad migratoria. La orden abarca el domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos de extranjeros con procedimientos en tramitación.
El riesgo sanitario supera la agenda política
La ministra de Salud insistió en que nadie puede negar una atención médica en el país. Advirtió que una restricción de este tipo arriesga la vida de la persona y también la de toda la población.
«Un niño migrante irregular no vacunado representa un riesgo de muerte para sí mismo, pero también implica un riesgo de contagio para otros niños chilenos», agregó para justificar su postura.
Kast, quien prometió mano dura contra la migración irregular durante su campaña, defendió la propuesta ante los periodistas. El mandatario vincula el flujo migratorio con el aumento de la criminalidad y busca ordenar las prestaciones sociales que entrega el Estado. Según su visión, la única manera de organizar el sistema exige saber con precisión quiénes utilizan los distintos servicios públicos.
Actualmente viven en Chile más de 330.000 extranjeros en situación irregular, y la mayoría proviene de Venezuela, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La propuesta de control estricto aviva el debate sobre los límites éticos y legales del Estado en su intento por fiscalizar a esta población.
Las promesas de campaña chocan con la realidad
La polémica propuesta forma parte de la estrategia de Kast para reducir la migración irregular en las fronteras. Su plan incluye la construcción de una zanja en el desierto de Atacama, el aumento de los vuelos de deportación y operativos de fiscalización en mercados públicos.
Sin embargo, las dificultades operativas frenan el avance de estas medidas radicales. Diversos reportes estiman que el Estado mantiene más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, y cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
La situación empeoró luego de que Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024. La falta de servicios consulares imposibilita el proceso de deportación de estas personas en la actualidad.
El propio Kast, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó su discurso esta semana. El presidente chileno admitió que la promesa de expulsar a los 330.000 migrantes de manera inmediata constituía una «hipérbole». Ante el estancamiento de su plan, el Gobierno busca ahora acercar posturas con Venezuela para viabilizar los retornos forzosos.