La ministra de Educación Superior y secretaria ejecutiva del Programa Paz y Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, planteó la necesidad de abordar el sistema de justicia penal desde una perspectiva académica y social, advirtiendo sobre el impacto de la pobreza en el entorno familiar de los privados de libertad.
Sanjuán señaló que la vulnerabilidad económica es un factor «muy palpable» en los procesos penales, afectando de manera directa a las familias de los internos. «Las familias quedan presas al lado del preso que tienen; las madres tienen que quedarse con los hijos de los hijos para poder cuidarlos», explicó, instando a desarrollar una mayor sensibilidad institucional ante esta realidad.
Destacó que el escenario actual ofrece una oportunidad para ampliar los alcances de las medidas humanitarias y de reclusión ejecutadas hasta el momento. Informe que se evalúan mecanismos legales para aplicar de manera más extendida las prerrogativas contempladas en la ley con el fin de otorgar nuevas liberaciones.
Reforma en la formación jurídica
Como parte de las propuestas, Sanjuán anunció que se ha planteado, en el marco del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la creación de un nodo de formación e investigación en justicia . Esta iniciativa busca integrar a las facultades de ciencias jurídicas y derecho del país, así como a instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), para diagnosticar las necesidades reales de la nación en materia penal.
Asimismo, cuestionó la «sobrerrepresentación» de los estudios en derecho penal en las universidades del país, en detrimento de otras áreas necesarias como el derecho de familia o el derecho de hidrocarburos.
Como solución para masificar la formación ciudadana y profesional, la profesora propuso la implementación de capacitaciones masivas y el establecimiento de una cátedra libre de derechos humanos en el sistema universitario, orientada a visibilizar y superar los déficits institucionales actuales.