El presidente Hugo Chávez creó universidades públicas, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, en 2003, y la Universidad Experimental de la Seguridad, en 2009, para garantizar el derecho constitucional a la educación, dignificó salarialmente a los docentes e hizo del libro y la lectura prácticas cotidianas e inclusivas, mientras en 2005 nos declarábamos territorio libre de analfabetismo.
La educación continuó siendo una prioridad con el presidente Nicolás Maduro, secuestrado desde el 3 de enero por EEUU; la matrícula universitaria aumentaba, alcanzando cifras que nos convertían en uno de los países con mayor acceso a la educación superior por la asignación directa de cupos en instituciones de educación nuevas como las politécnicas territoriales, de las ciencias de la salud, la campesina, entre otras.
A pesar de los logros, las medidas coercitivas unilaterales (MCU), que comenzaron con el decreto de Obama de 2015 que nos califica de amenaza, afectaron los salarios y esto generó la inmigración inducida de profesionales, entre ellos, docentes. A esto se sumó la pandemia del covid, exigiendo las clases en línea, aunque, en muchos casos, no contábamos con las herramientas tecnológicas para la virtualidad, pero se atendió la contingencia desde instancias gubernamentales con tabletas y otros recursos.
Antes de las MCU, de acuerdo con la Cepal, en 2012, Venezuela se convirtió en el segundo país que más redujo la pobreza; en primer lugar, por el aumento de los ingresos laborales con uno de los salarios mínimos más altos de América Latina (475 dólares) y, en segundo, por los programas sociales de las misiones.
Después del 3 de enero, quedó claro que el llamado a las MCU por la oposición de ultraderecha no era el único plan. Luego del daño por el bloqueo, venía el resarcimiento. Entonces, la élite educativa, pensando en el escenario de la transición “democrática”, planificó, ya sin las sanciones que nunca reconocieron, mejorar las condiciones socioeconómicas del docente, pero con dosis de privatización, desde la educación inicial hasta la superior, atenuada con el beneficio de un financiamiento estatal y la promoción de un aprendizaje común, lejano a la educación transformadora, desde una desideologización que normaliza el neoliberalismo y la desigualdad social.