La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia mediante la cual extiende hasta el 19 de junio la medida de protección a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de ser liquidada como forma de pago a los tenedores de bonos.
La Licencia General número 5W de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala que a partir del 19 de junio “se autorizan todas las transacciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 al 8.5 %, su financiamiento y demás operaciones que estarían prohibidas por el inciso l(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 del 21 de mayo de 2018, modificada por la O.E. 13857 del 25 de enero de 2019 e incorporada al Reglamento de Sanciones contra Venezuela, 31 CFR parte 591 (VSR)».
Sin embargo, el documento aclara que no se autoriza ninguna transacción ni actividad prohibida por las VSR, ni por ninguna otra parte del capítulo V del título 31 del Código de Regulaciones Federales (31 CFR).
La licencia también indica que, a partir del 4 de mayo de 2026, la Licencia General n.° 5V, emitida el 19 de marzo de 2026, queda sustituida y anulada en su totalidad por la presente Licencia General n.° 5W.
Esta licencia impide que los tenedores de bonos o acreedores ejecuten garantías sobre las acciones de PDV Holding (la empresa matriz de Citgo), evitando así la incautación o venta forzada de la refinería.
En contexto
La OFAC ha venido emitiendo sucesivas licencias —entre ellas las versiones 5I, 5N, 5R, 5S, 5U, 5V y ahora 5W— con el propósito de permitir ciertas transacciones relacionadas con este bono, al tiempo que evita que los acreedores ejecuten las garantías asociadas, lo que implicaría tomar control y vender acciones de Citgo sin supervisión del Tesoro estadounidense.
Fue en el año 2016 cuando el gobierno de Nicolás Maduro emitió más de 1 000 millones de dólares en deuda por medio de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2020 y puso como garantía el 50 % de las acciones de Citgo.
El Ejecutivo emitió los bonos sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional de 2015, controlada en ese entonces por la oposición, y que Estados Unidos reconoce como el representante legal del país.
Venezuela se encontraba, en aquella época, en una grave crisis de recesión e hiperinflación, y además sancionada por EE. UU., por lo que el flujo de caja se hacía cada vez más pequeño. En consecuencia, el gobierno cayó en default con los bonistas, quienes están reclamando el pago de sus papeles en efectivo o con las acciones de Citgo, que actualmente están protegidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
El impago de la deuda haría que los tenedores se queden con el control mayoritario de la compañía.