El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz mantiene el diálogo como su estrategia principal para resolver los bloqueos que mantienen paralizada la red vial nacional desde hace 28 días. Aunque el alto funcionario reconoció que la administración no descarta declarar un estado de excepción para restaurar el orden, precisó que esta medida representa un recurso de última instancia. Según explicó, este mecanismo constituye «un instrumento más que será evaluado según la oportunidad y la necesidad» del momento político.
Bajo este marco de apertura, el Ejecutivo garantizó la seguridad necesaria para que los dirigentes sociales asistan a la mesa de negociaciones convocada por la Conferencia Episcopal para la tarde de este 28 de mayo. El ministro Lupo ratificó que tanto el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, como el dirigente de la Federación Campesina Túpac Katari, Vicente Salazar, podrán participar en el encuentro a pesar de enfrentar órdenes de aprehensión por los cargos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
El Gobierno justifica esta postura como una señal de buena voluntad para destrabar el conflicto. «Hay algunos casos en que ya no está en manos del Estado, está en manos del Ministerio Público, pero obviamente no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo, si queremos el diálogo y si el país entero quiere una solución», afirmó Lupo ante las cámaras del canal local Unitel.
Divergencias internas complican la mesa de negociación
Pese al llamado oficial, las organizaciones en protesta mantienen posturas divididas sobre el proceso de diálogo. Tanto la COB como otras agrupaciones anunciaron la celebración de un cabildo nacional para determinar si aceptan el acercamiento o si profundizan las medidas de presión.
La desconfianza persiste en las bases, pues figuras como el exdirectivo de Túpac Katari, David Mamani, expresaron temor ante la posibilidad de que se alcancen acuerdos secretos sin la debida consulta a las organizaciones movilizadas.
Por otro lado, la facción más radical de la COB condicionó cualquier asistencia a las reuniones. El dirigente Evelio Ramos declaró públicamente que ni Argollo ni la directiva sindical se presentarán en ningún espacio de concertación mientras el Poder Judicial mantenga vigentes las órdenes de captura contra los líderes de la movilización.
Presiones crecientes para el Gobierno de Rodrigo Paz
La administración del presidente Rodrigo Paz enfrenta un escenario de alta complejidad. A las demandas de sectores sindicales, mineros, indígenas y campesinos, que exigen la renuncia del mandatario y la derogación de sus reformas, se suma la presión de sus propios aliados políticos.
Diversas organizaciones, tradicionalmente cercanas al Gobierno, exigen ahora una postura más enérgica y firme ante los bloqueos de carreteras que afectan la economía y la libre movilidad en el país.
El Ejecutivo se encuentra así en una encrucijada, buscando un equilibrio entre la necesidad de preservar el orden público y la voluntad de evitar un desenlace violento a través de la mediación institucional. La jornada convocada por la Conferencia Episcopal se perfila como el momento determinante para medir la disposición real de los sectores en pugna para alcanzar una salida política a la crisis.