Con orden de captura desde el año 2022, Carlos Vieira Hernández se escondía en Dubái, una ciudad donde el costo de vida no baja de 10 mil dólares mensuales para una familia promedio. Detenido y a la espera de la extradición ordenada por el TSJ, seguramente sus socios en el robo a PDVSA lo ayudaron a trasladarse y vivir muy buen en la capital del lujo
Tres pakistaníes y una mujer nacida en los Emiratos Árabes conforman la lista de «socios» que ayudaron a Carlos Vieira Hernández y diez venezolanos más, a robar más de 33 millones de euros a Pdvsa mediante una trama donde esos extranjeros tenían un papel fundamental: utilizando buques en pésimo estado facilitados por la empresa «Dubai Trading Agency», extraían el Sistema de Identificación Automática, falsificaban la documentación para que los buques parecieran tener el encargo de transportar el crudo de Pdvsa y, una vez que habían obtenido los barriles de petróleo, se deshacían de la identidad falsa, recuperaban la verdadera y comercializaban el petróleo en Asia, como si fuese suyo.
Un robo digno de Netflix que ya ha llevado a prisión a tres militares empleados de PDVSA, presuntos cómplices en el robo, (el coronel Antonio Pérez Suárez, el teniente coronel Rafael Pérez Romero y el capitán de navío Samuel Testamarck), así como a las dos únicas mujeres involucradas en la trama: Uneza Tahir Lakhani, nacida en Emiratos Árabes y Directora de Finanzas de «Dubai Trading Agency», detenida en Dubai, y la venezolana Kristina Antonorsi, acusada por el Tribunal Supremo de Justicia de ser la intermediaria principal de la red de delincuencia organizada que ejecutó la estafa millonaria contra la estatal petrolera, hoy detenida en el INOF.
El resto de los extranjeros involucrados son Muhammad Tahir Lakhani, esposo de la mujer detenida y director de la empresa involucrada, así como sus hijos Muhammad Ali Tahir Abdul Qadir y Muhammad Hasan Tahir Abdul Qadir Lakhani, quienes conforman la Junta Directiva de la empresa ubicada en Dubái, pero ninguno de ellos ha sido detenido porque no ha habido orden de captura, además de que cuentan con un alto estatus e influencia empresarial en esa nación.
Pero cabe imaginar que si el venezolano Carlos Vieira Hernández logró permanecer años en Dubai fue gracias a sus «socios» de los Emiratos Árabes quienes han debido ayudarle a instalarse en la que se considera una de las ciudades más caras del mundo: Cualquier apartamento de alquiler, como al que aspira un nuevo rico como Carlos Vieira, podría llegar hasta los 10 mil dólares mensuales mientras el resto de los gastos comunes- alimentos, luz, transporte, ocio-, significarán otros mil dólares. Sin descontar que los corruptos se suelen hacer acompañar de escoltas y carros blindados, un gasto extra y muy fuerte para poder «disfrutar» del dinero mal habido en paz.
Precaución que no le sirvió de mucho a Carlos Vieira, detenido en Dubai por Interpol, hasta que la justicia haga lo suyo y sea deportado a Venezuela. Porque si bien la Constitución prohíbe entregar venezolanos a la justicia en otro país, no ocurre igual cuando el ciudadano venezolano está afuera, cuando la protección constitucional no aplica ante el gobierno extranjero. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos tienen la facultad legal de extraditar delincuentes a Venezuela si consideran que la solicitud cumple con los estándares de derechos humanos y judiciales básicos. De modo que, una vez ya detenido, el destino de Carlos Vieira ya está escrito y en varios idiomas.
En contexto
De acuerdo con el fallo, la investigación del caso se inició el 1 de septiembre de 2021 a raíz de una denuncia contra la ciudadana Antonorsi, quien habría ofrecido a las empresas Arco Services Ecuador, C.A. y Arco Services, en consorcio con Well Services Cavallino, C.A., actuar como intermediaria en la comercialización de hasta dos millones de barriles de petróleo en el exterior, con destino a China, producto de una operación vinculada a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La sentencia describe que la operación involucraba a un supuesto armador identificado como Aetos Shipping LTD, que posteriormente resultó ser una empresa ficticia. En ese marco, se ofreció inicialmente el buque de nombre KIN A (IMO 9176993), el cual habría sido reemplazado por dos embarcaciones: el Suezmax NIX 1 (anteriormente Zenith, IMO 9182746), con capacidad para un millón de barriles, y el Aframax Julong (IMO 9169512), con capacidad para 700 mil barriles, del cual no existen soportes de operación en aguas venezolanas.
El documento indica que el 9 de abril de 2021 el buque NIX 1 zarpó desde la Bahía de Pozuelos, en el complejo petrolero José del estado Anzoátegui, con destino a China, tras un pago inicial de dos millones de dólares a Pdvsa. Durante la operación se habrían realizado abonos adicionales por aproximadamente siete millones de dólares, para un total cercano a nueve millones.
Según el expediente, el denunciante mantuvo comunicación constante con Antonorsi, quien aseguraba tener contacto con un supuesto broker vinculado al armador y financista de la operación. Las reuniones se habrían realizado en la oficina del Grupo Orinoco 2021, en el Centro Banaven (Cubo Negro), donde se discutían los pagos derivados de la venta del crudo.No obstante, la acusada habría alegado que, tras deducciones por mora, calidad del petróleo, penalidades (flete muerto y demora), comisiones y otros gastos, el monto final a entregar ascendía a nueve millones de dólares, correspondiente a la venta de un millón de barriles de crudo Special Hamaca Blend (SHB).
El documento señala que esto habría causado un perjuicio patrimonial tanto a la empresa Arco Services Ecuador como al Estado venezolano, según comunicación de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Sin embargo, el expediente también precisa que Arco Services Ecuador habría cargado, a través del buque NIX 1, un total de 998.405 barriles de crudo Special Hamaca Blend (SHB), por un valor de 40.761.889,30 euros. Según la revisión del caso, la empresa solo habría cancelado 7.543.583,70 euros, lo que dejó un saldo de más de 33 millones de euros que Pdvsa dejó de percibir por la operación.
Las investigaciones posteriores incluyeron allanamientos y experticias en dispositivos electrónicos, donde se habrían hallado contactos, grupos de mensajería y conversaciones vinculadas a la operación. Entre ellas destacan comunicaciones con el contacto identificado como “Charlie Vieira”, en las que se mencionan posibles modificaciones de facturas, uso de documentos digitales alterados y estrategias para justificar cobros asociados a la operación.
En este contexto, el Ministerio Público solicitó en noviembre de 2021 una orden de aprehensión contra Carlos Gilberto Vieira Hernández por los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y estafa agravada.
Posteriormente, en octubre de 2022, un tribunal acordó la orden de aprehensión en su contra. Más recientemente, en mayo de 2026, el Ministerio Público solicitó el inicio del procedimiento de extradición activa, luego de que Interpol informara sobre su detención en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
El tribunal competente acordó entonces el inicio del procedimiento de extradición activa, conforme al artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal.