El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto que reglamenta la ley de muerte médicamente asistida, y que permite a los prestadores de salud comenzar a implementar el procedimiento previsto para pacientes con enfermedades terminales, incurables e irreversibles.
El anuncio lo hizo el mandatario uruguayo a través de sus redes sociales, en las cuales dijo que «la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas».
Explicó que firmó el decreto reglamentario de la Ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso «largo de debate, reflexión y escucha».
«Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno. Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan», precisó en su cuenta en la red social de Instagram.
La ley denominada Muerte Digna fue sancionada el pasado mes de octubre con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición.
La normativa prevé que personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles puedan optar por una muerte asistida, siempre que medie su consentimiento expreso y reiterado, según información de agencias.
Resta aprobación del protocolo de actuación
El decreto consta de 10 páginas, según informaron medios locales, y prevé el inicio del proceso a instancia del paciente, quien deberá expresar su voluntad en forma personal y por escrito en presencia de un médico.
Para su aplicación, resta la aprobación de un protocolo de actuación, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), según información publicada en medios locales.
Al respecto, el director general de Secretaría de la cartera, Rodrigo Márquez, dijo al diario uruguayo El País que prevé que el protocolo sea aprobado esta semana o “máximo el lunes” de la que viene. La ley establece que todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán ofrecer el procedimiento.
El decreto habilita la eutanasia a personas que sean mayores de edad, consideradas «psíquicamente aptas» y que estén en la «etapa terminal de una patología incurable e irreversible». Se agrega que «padezcan sufrimientos insoportables con grave y progresivo deterioro».
Podrán apelar a la norma los ciudadanos uruguayos y los extranjeros que acrediten «fehacientemente» su residencia habitual en Uruguay.
Una vez que se concrete la muerte del paciente, la dirección técnica de la institución deberá comunicar de inmediato al MSP, remitiendo la historia clínica y toda la información complementaria que le sea requerida. Si el ministerio entiende que hubo un “apartamiento grave” del procedimiento, se notificará a la Fiscalía.
El certificado de defunción establecerá como “causa básica de muerte” la patología subyacente del paciente, y como “causa final” la eutanasia.
Cabe destacar que «los impulsores» de la iniciativa subrayan que la ley «no obliga a nadie» y es una «alternativa», mientras los detractores cuestionan que pasa por encima de normas jurídicas.