Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, asegura su espacio en la segunda vuelta presidencial tras alcanzar el 17% de los sufragios. Esta representa su cuarta incursión consecutiva en la etapa definitiva del proceso electoral peruano.
Sin embargo, el panorama político actual evoca episodios del pasado reciente, específicamente la estrategia aplicada en 2021 frente a Pedro Castillo.
En aquel ciclo, Fujimori intentó anular 200.000 votos provenientes de zonas rurales en la sierra y la selva mediante el cuestionamiento de 802 actas de votación. Aunque los organismos electorales rechazaron tales pedidos por falta de evidencia, la maniobra generó un precedente sobre el manejo de la voluntad popular en el interior del país.
Cuestionamientos en Cajamarca tensionan la disputa por el segundo lugar
La historia parece repetirse cinco años después, esta vez protagonizada por el partido Renovación Popular. La organización que postula a Rafael López Aliaga presentó un centenar de recursos de nulidad dirigidos a 98 mesas de votación en la región de Cajamarca.
Estas acciones legales impactan directamente sobre zonas donde Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo una ventaja considerable con más de 4.000 votos. Esta ofensiva jurídica surge en medio de una competencia cerrada donde 35 aspirantes fragmentaron el voto nacional, dejando la resolución del balotaje pendiente incluso una semana después de celebrados los comicios.
El veredicto final depende de las actas observadas por las autoridades
Con el procesamiento oficial al 93,3%, la brecha entre Sánchez y López Aliaga fluctúa constantemente, situándose actualmente por encima de los 13.000 votos a favor del representante de izquierda.
Esta diferencia mínima convierte a las 5.645 actas observadas en el factor determinante para definir quién enfrentará a Fujimori el próximo 7 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales derivó estos documentos al Jurado Electoral Especial debido a diversas inconsistencias o presuntas irregularidades técnicas. Los especialistas estiman que la resolución de estos expedientes tomará al menos diez días, prolongando un estado de incertidumbre que mantiene en vilo a toda la ciudadanía peruana.